McKinsey, que desmanteló Pemex, redacta la estrategia de energía

Libro de periodistas de EU documenta errores y catástrofes por culpa de la consultora

Sus recomendaciones llevaron a la ruina a la ferroviaria británica Railtrack

La propuesta será anticonstitucional, privatizadora y desnacionalizante, advierten especialistas y académicos


Chimenea de la refinería de Salina Cruz en Oaxaca. McKinsey & Company es la encargada de desarrollar el plan para unificar las cuatro subsidiarias de Pemex en una sola empresaFoto José Antonio López
Israel Rodríguez

Periódico La Jornada
Lunes 22 de febrero de 2010, p. 18
La Estrategia Nacional de Energía, que será presentada por la Secretaría de Energía (Sener) a fines de este mes, fue elaborada por la empresa consultora estadunidense McKinsey, vinculada a diversos funcionarios del sector energético mexicano.

El documento realizado por la consultora regirá la política energética en los próximos 15 años y contendrá las perspectivas energéticas de producción y la plataforma de exportación, entre otros indicadores claves para la industria.

Entre los funcionarios que provienen de esta consultoría destacan Carlos Rafael Murrieta Cummings, director corporativo de operaciones de Petróleos Mexicanos (Pemex), y Esteban Levin Balcells, actual director corporativo de finanzas de Pemex.

La Sener confirmó que se contrató a la consultoría internacional McKinsey. “El Consejo Nacional de Energía (presidido por la titular de la Sener, Georgina Kessel) decidió que era necesario desarrollar un modelo de optimización para el sistema energético mexicano, incorporando una curva de abatimiento de emisiones de gases efecto invernadero, que sirva para analizar las opciones de política energética y llevar a cabo la planeación integral”.

La Estrategia Nacional de Energía será entregada al Congreso de la Unión el 26 de febrero para su análisis, observaciones y posterior aprobación en marzo de este año. La Sener destacó que “la empresa McKinsey ha desarrollado las curvas de abatimiento de emisiones para diversos países”.

A McKinsey se le atribuye la autoría intelectual del desmantelamiento de Pemex, con lo que ha migrado de ser una empresa operadora a solamente una administradora de contratos. La participación de la consultora estadunidense se remonta a la década de los noventas, cuando comenzaron los primeros intentos del proceso de privatización del sector energético mexicano.

En esta consultora, que opera en más de 40 países y con más de 4 mil consultores y casi la misma cantidad de personal de apoyo, también laboran ex directores generales de Pemex que se desempeñan ahora como asesores senior de McKinsey & Company.

Esta empresa es la encargada de desarrollar el Plan SUMA en Pemex para unificar las cuatro subsidiarias de la paraestatal en una sola empresa integrada.

Antes de que Carlos Murrieta Cummings fuera nombrado director de operaciones de Pemex en sustitución de Raúl Livas, en octubre de 2009, se desempeñaba como representante en México de la consultora estadunidense.

Carlos Murrieta es primo de Fausto Barajas Cummings, titular del gabinete de infraestructura del gobierno de Felipe Calderón. Su hermano Raúl Murrieta Cummings es el secretario de Finanzas del estado de México.
La reputación de McKinsey ha estado bajo severo escrutinio en diversas ocasiones en los últimos años. En México algunos de los contratos a McKinsey fueron severamente cuestionados por la comisión de vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, debido a que Pemex no cumplió con las disposiciones normativas para realizar el proceso de adjudicación, ejecución y control de servicios técnicos, y el correcto registro en la contabilidad y en la cuenta pública.

A nivel internacional, el libro Los hechiceros, escrito por los periodistas John Micklethwait y Adrian Woolddrige, documenta una serie de errores y catástrofes que presuntamente han sido culpa de los consultores de McKinsey.

Otras investigaciones dan cuenta de que el derrumbe de la empresa ferroviaria británica Railtrack, después de diversos accidentes, fue resultado de las recomendaciones de McKinsey, la cual sugirió reducir el gasto en mantenimiento de infraestructura y el pago de dividendos a los inversionistas.

Recientemente McKinsey trabajó para las escuelas públicas de Minneápolis, Minnesota, donde recomendó recortar gastos en la atención de la salud docente y privatizar la educación.

Las organizaciones, que aglutinan a especialistas, académicos, ex trabajadores y consultores del sector energético, como el Comité Nacional de Estudios de la Energía (CNEE) y el Grupo de Ingenieros Pemex Constitución de 1917, aseguraron y advirtieron que la próxima Estrategia Nacional de Energía tendrá el mismo sentido anticonstitucional, privatizador y desnacionalizante con el que se han conducido las industrias petrolera y eléctrica, “como hemos podido constatar en las leyes y los reglamentos petroleros y eléctricos, las resoluciones de la Comisión Reguladora de Energía y las recientes disposiciones de contratación emitidas por el consejo de administración de Pemex”.

Francisco Javier Carrillo Soberón y Francisco Garaicochea Petrirena, integrantes de ambas organizaciones civiles, anunciaron la realización de un Foro Energético Público Nacional Alternativo para discutir las propuestas que pretenda imponer la Estrategia Nacional de Energía.

Por su parte, la Sener aseguró que el Consejo Nacional de Energía y el foro consultivo tomaron en cuenta las opiniones vertidas en el ejercicio para la elaboración de la Visión 2030, los foros del Plan Nacional de Desarrollo y los foros de la reforma energética para contribuir y enriquecer el contenido final de la estrategia.

“El pueblo, más importante que las oligarquías”

Evo Morales: poco puede hacer un líder sin apoyo social
“Mostramos que se pueden gestar políticas propias sin el Fondo Monetario y sin EU”
“Ahora el pueblo no sólo elige a su gobierno, sino que decide la política económica”
“He aprendido que para derrotar a la adversidad hay que enfrentarla con verdad”
“El reto de América Latina es consolidar su liberación; hay que pasar por la rebelión”

El mandatario boliviano observa el libro Las princesas, edición de La Jornada que recopila algunas de las mejores portadas de este diario en los pasados 25 años

Foto María Meléndrez

Parada Roberto González Amador

Periódico La Jornada
Lunes 22 de febrero de 2010, p. 5
Evo Morales hace la cuenta mentalmente: “Hemos ganado seis elecciones en cinco años. Estamos igual que el Barcelona, que en un año ganó seis campeonatos” de futbol, suelta con una sonrisa.

El presidente de Bolivia insiste en que un líder poco puede hacer si no cuenta con respaldo social. Respaldo social es lo que, afirma, sí ha habido en su país, donde los cambios emprendidos desde que asumió un primer mandato, en enero de 2006, entre ellos la nacionalización de los hidrocarburos, “son irreversibles”.

El proceso de cambios ocurridos en Bolivia en los últimos años muestra a otros países de la región que es posible diseñar políticas propias, dice el presidente Morales en una entrevista con La Jornada, realizada anoche, minutos antes de viajar de la ciudad de México a Cancún para participar en la cumbre de países de América Latina y el Caribe.

Antiguo dirigente sindical, fundador del Movimiento al Socialismo (MAS), aficionado al futbol y ejecutante de música, Evo Morales, de 50 años de edad, ganó la presidencia de Bolivia en las elecciones generales de diciembre de 2005, con 54 por ciento de los votos. A finales del año pasado se religió con 64 por ciento de los sufragios. En estos años dispuso la nacionalización de los hidrocarburos –el país cuenta con una gran reserva de gas– y asumió el control del litio, mineral empleado en la elaboración de baterías, considerado una de las fuentes de energía del futuro.

En 2007, una nueva Constitución creó en Bolivia un Estado plurinacional que dota de igualdad de derechos a todos los pueblos originarios. Su gabinete, de 20 ministros, está integrado a partes iguales por hombres y mujeres.

En enero pasado, cuando Morales tomó posesión para un segundo periodo de cuatro años como presidente, el escritor Eduardo Galeano consideraba que la importancia del proceso de cambios que ocurre en Bolivia es importante para ese país y el mundo, “porque demuestra que el miedo no es invencible ni el racismo una fatalidad”.

Evo Morales, en la entrevista con este diario, asegura que en su país han ocurrido cambios profundos que han convertido a los bolivianos –un país de mayoría indígena, de los más pobres de la región, pero que hace un año logró erradicar el analfabetismo– en actores centrales de la transformación.

–¿Qué significa hoy para América Latina lo que está ocurriendo en Bolivia?

–La estabilidad macroeconómica y la profundización y consolidación de la democracia son un ejemplo para que otros países de Latinoamérica puedan gestar sus propias políticas económicas sin el Fondo Monetario Internacional y sin Estados Unidos. Es el resultado concreto de los cuatro años de gobierno en Bolivia. Pero para eso son tan importantes las fuerzas sociales de cada país; solos, por más que seamos inteligentes, por más que trabajemos 20 o las 24 horas que tiene el día, es imposible.

–¿Cuál es el cambio más importante?

–Cambiar el modelo neoliberal, cambiar ese Estado colonial. En lo económico lo más importante es la recuperación o la nacionalización de los hidrocarburos. En lo social, una revolución social, con bonos y rentas y con créditos para dar oportunidad a la gente que se proyecte. Y en lo político, es una batalla permanente. Estamos igual que el Barcelona, que en un año ganó seis campeonatos y nosotros ganamos en cinco años seis elecciones, la última con más de 60 por ciento. Es un récord en los 184 años de vida republicana de Bolivia.

–¿Son cambios arraigados?, ¿existen condiciones para que permanezcan?

–Totalmente, estoy convencido, porque es un proceso de cambio sin retorno, es un camino sin retorno. ¿Por qué? Porque el pueblo siente que ha habido cambios profundos en cuatro años. Algunos datos: en 2005 las reservas internacionales de Bolivia eran mil 700 millones de dólares; ahora son 8 mil 700 millones. Nuestra balanza comercial es positiva, siempre era negativa. Y si sobre eso implementamos nuevas políticas de exportación en productos ecológicos, orgánicos, imagínese el crecimiento económico; si implementamos políticas de instalación de plantas hidroeléctricas y respetando el medio ambiente, Bolivia puede convertirse en el exportador de energía a los países vecinos. Entonces, por estos proyectos realizados y por proyectos a realizarse, es un proceso de cambio irreversible.

–¿Qué cambios han ocurrido en la mentalidad, en la conciencia del pueblo boliviano para que usted diga que este proceso es irreversible?

–El primer tema. Por primera vez hay un grupo de compatriotas que trabajan para el pueblo y no para su familia o su grupo de familias. Segundo. Es la primera vez en Bolivia que su presidente y su equipo dan más importancia a los pueblos que a las oligarquías. Por primera vez el pueblo, después de 184 años (desde la Independencia), siente que su Estado, su presidente, está en casa. Hay un bono para cada niño que va a clases, para cada persona que tiene más de 60 años; una mujer embarazada, de cualquier clase social, recibe un pequeño bono de alimentación, de control médico. ¿Qué familia no tiene una embarazada?, ¿qué familia no tiene un niño en la escuela?, ¿qué familia no tiene un abuelo? El Estado ahora llega a la familia, primera vez, antes no había eso.
–¿Cuáles cree que son los retos en América Latina para los movimientos progresistas?

–¿Los retos? La liberación, de la rebelión a la revolución, consolidar la liberación. Eso es un trabajo conjunto en los países donde hay procesos de liberación, como en Bolivia o Venezuela, que los pueblos acompañen. Y un pueblo donde hay gobiernos con mentalidad pro yanqui, pues sí, los pueblos tienen mucha responsabilidad para poder liberarse. Ésos son los retos que hay que enfrentar. Pero donde trabajamos el gobierno con los movimientos sociales, eso da esperanza a los países vecinos, por lo menos de liberación.

–¿Bolivia podría tener dificultades si dejara de recibir el apoyo del gobierno de Venezuela?

–Siempre dar oportunidad es tan importante. Una vez, cuando ya se ha encaminado, es seguir ese cambio empezado. Yo quiero ser muy sincero. El primer año de nuestro gobierno la presencia de Cuba y de Venezuela es tan importante. Por ejemplo, Misión Milagro (operación gratuita de la vista), hasta ahora tenemos más de 400 mil operados; es fundamental, por ejemplo, las fuerzas binacionales de Bolivia y Venezuela para atender algunas demandas en temas de caminos. Ya consolidado tenemos la obligación de volar con nuestras propias alas.

“Una vez le dije al presidente Fidel Castro, en 99 o 2001. Le dije: Póngase en mi caso, ¿qué hago si Estados Unidos me bloquea?, ¿cómo lo enfrento? Él me dijo unas palabras muy sabias: ‘primero, Bolivia no es isla como Cuba, y en Cuba hemos enfrentado el bloqueo económico. Segundo, Bolivia tiene países solidarios, a Cuba, tiene a (Hugo) Chávez (presidente de Venezuela), a (Luis Inazio) Lula (de Brasil). Tercero, Bolivia tiene recursos naturales, qué le importa el bloqueo’. Eso nos permitió enfrentar sin ningún miedo al Fondo Monetario Internacional o al gobierno de Estados Unidos.”

En septiembre de 2008, Evo Morales expulsó al embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, al que acusó de promover las acciones de la oposición de derecha contra su gobierno. Dos meses después suspendió indefinidamente las operaciones de la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, bajo la acusaciones de realizar acciones de espionaje y de conspirar contra el gobierno constitucional.

El mes pasado, la periodista Stella Calloni, corresponsal de La Jornada en Argentina, publicó Evo en la mira. CIA y DEA en Bolivia, que, entre otros temas, documenta una serie de acciones promovidas por esas agencias para desestabilizar al gobierno boliviano e, incluso, para acabar con la vida de su presidente.

Evo Morales considera la nacionalización de los hidrocarburos uno de los hechos más relevantes de su gobierno. Antes, las empresas trasnacionales apenas pagaban regalías (el equivalente a 18 por ciento del valor de lo extraído) al Estado.

“En los últimos cuatro años de gobiernos neoliberales, de 2002 a 2005, sólo ingresaba el Estado por los hidrocarburos 2 mil millones de dólares. En nuestro gobierno, 8 mil millones de dólares. Por eso decía que en 2005 la inversión pública, 70 por ciento era de cooperación o créditos internacionales, ahora 70 por ciento es de los ingresos del Estado plurinacional”, apunta.

Un frente de batalla permanente ha sido la campaña de los medios de comunicación contra él y su gobierno. La prensa boliviana dominante, ligada a los grandes intereses económicos, no duda en llamarlo “macaco” o en acusarlo de narcotraficante. La pro empresarial Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) aseguraba permanentemente que en Bolivia no había libertad de prensa.

Entonces Evo Morales decidió invitar a los dirigentes de la SIP a que lo visitaran en su oficina presidencial. Así lo cuenta el presidente:

“Los miembros de la SIP decían: ‘se viola la libertad de prensa en Bolivia’. Yo pedí que vengan. Yo pedía que prepararan los documentos, porque nos acusaban de todo y de nada. Aceptaron y vinieron. Se sorprendieron, esperaban una charla. Pero convoqué a toda la prensa de Bolivia y del mundo para demostrar la verdad; les mostramos videos, publicaciones.

“Había (en la prensa) expresiones como ‘hay que matar a ese indio’, nos trataban de macacos. Se han sorprendido los miembros de la SIP, derrotados. Reconocieron públicamente que sí hay libertad de prensa, pero no reconocieron que me ofenden permanentemente. Si a un presidente lo ofenden, cómo ofenderán al pueblo. ¿Te imaginas?”

Remata:

“Por eso aprendí en mi vida que a la adversidad hay que enfrentarla con la verdad. Ésa es mi experiencia y enfrenté con la verdad y los derroté.”

Pasta de Conchos, ejemplo del desprecio calderonista por la vida de obreros: Vera

Persisten evidencias de que Grupo México no quiso rescatar a los sobrevivientes, dice el obispo

Acusa a la STPS de “inmoral y corrupta”; luego de 4 años de la explosión aún no se hace justicia


La mamá de uno de los mineros muertos en la explosión de Pasta de Conchos –el 19 de febrero de 2006– observa un altar colocado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez en memoria de los trabajadoresFoto Marco Pélaez
Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Viernes 19 de febrero de 2010, p. 14
Después de cuatro años de la explosión en la mina Pasta de Conchos, en Coahuila, este gobierno “no ha hecho justicia a los familiares de los trabajadores muertos” y persisten las evidencias de que, deliberadamente, Grupo México no quiso rescatar los cuerpos y que, incluso, “cuando unilateralmente suspendió las tareas de rescate, todavía había sobrevivientes en el socavón”, denunció el obispo de Saltillo, Raúl Vera.

Pasta de Conchos –señaló el prelado– es el “paradigma patente del desprecio que tiene el gobierno de Felipe Calderón por la vida de los trabajadores”.

El obispo habló durante un acto realizado en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, en el que se hizo un recuento de los agravios sufridos por los deudos de los mineros en los mil 460 días que llevan en lucha. María Trinidad Cantú, madre de Raúl Villasana, uno de los mineros fallecidos en la explosión, dijo que ya fue admitida una denuncia contra el gobierno mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por la negligencia e ilegalidad con que ha actuado en este caso.

Con la voz quebrada sostuvo: “tuvimos que recurrir a instancias internacionales porque en cuatro años este gobierno ha estado sordo, mudo y ciego ante nuestras demandas, que se condensan en una sola: que rescate a nuestros muertos”. Si este presidente atendiera los hechos de injusticia, no sería necesario acudir a organizaciones mundiales, puntualizó.

También asistió al acto Oralia Martínez, esposa de Juan Ramón Flores, minero muerto recientemente en el Pocito Ferber, que había sido clausurado y operaba ilegalmente. Con un niño en brazos sentenció: “en este gobierno los empresarios hacen lo quieren, porque les permiten todo; en mi caso, el patrón no pagó ni los gastos funerarios. No se hizo cargo de nada…”

Por su parte, el obispo Vera planteó que la negligencia de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para hacer justicia a los mineros fallecidos es producto de la “inmoralidad y la corrupción” con que abiertamente ha protegido a Grupo México para que no cumpla sus responsabilidades.
Contundente, añadió que al gobierno de Calderón no le duelen las familias que han penado cuatro años por los cuerpos de sus muertos, igual que no le importa mandar a 44 mil electricistas a la calle para entregar a los empresarios el negocio de la fibra óptica (…) “por todos lados vemos en el país pisoteada la dignidad de los mexicanos”.

Este gobierno quiere tapar todo con el argumento de que está enfrascado en una lucha contra el narcotráfico, cuando es evidente que sólo va a haber más muertos y no tendrá frutos de esa batalla mientras no castigue también a los altos políticos que protegen a los delincuentes, así como a los banqueros y financieras que les lavan el dinero, acotó.

Luis Arriaga, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, comentó que se espera que la CIDH emita una declaración en el sentido de que el gobierno mexicano violó los derechos de los mineros y sus familias, y ordene una investigación seria e imparcial sobre los sucesos. Pasta de Conchos –dijo– no es un hecho aislado, sino clara evidencia de la falta de acceso de los trabajadores a la justicia, con la complicidad entre el gobierno y los empresarios.

En tanto, Carlos Rodríguez, del Centro de Reflexión y Acción Laboral, expuso que de 1989 a la fecha han muerto mil 647 trabajadores en minas y no se ha sancionado a ningún empresario; han permeado la impunidad y el “olvido” de las autoridades.

Incluso –precisó–, en el caso de Grupo México no ha habido ningún empacho en difundir sus multimillonarias ganancias, la expansión de sus negocios y sus elevadas cotizaciones en el mercado de valores, “enriquecimiento basado en la muerte de trabajadores” y en la sepultura del derecho de huelga, como ahora pretende que ocurra en Cananea.

Subieron 30% quejas de usuarios contra la Comisión Federal de Electricidad

Pasaron de 481 en enero de 2009 a 625 en el mismo mes de este año, informó Profeco

Las estadísticas de la procuraduría no incluyen los 2 mil 500 casos reportados por el SME

Susana González G., Enrique Méndez y Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Jueves 18 de febrero de 2010, p. 27
Las quejas de usuarios contra la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se incrementaron 30 por ciento durante enero de 2010, en comparación con el mismo mes del año pasado, de acuerdo con información de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

Las estadísticas de la Subprocuraduría de Servicios de la dependencia precisan que el mes pasado se recibieron 625 quejas, cuando en enero de 2009 sumaron 481 en total por cobros indebidos e inconformidades en torno al servicio prestado, aunque la dependencia no detalla cuántos casos concentra cada motivo de reclamación.

No obstante, esos 625 casos que reporta Profeco equivalen a 35 por ciento de los mil 763 expedientes que la dependencia recibió el 14 de enero de este año por parte de una comitiva de usuarios y miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) contra los cobros de CFE en el Distrito Federal y varios municipios de municipios del estado de México, Hidalgo, Morelos y Puebla, a raíz de que se hizo cargo del servicio que Luz y Fuerza del Centro prestó hasta octubre, cuando fue extinguida por un decreto del Ejecutivo federal.

En un primer momento, el SME aseguró que eran 2 mil 500 quejas contra CFE, pero la subprocuradora de servicios de Profeco, Noreli Domínguez Acosta, precisó días después a este diario que fueron mil 763 expedientes y que la primera revisión arrojaba que cumplían los requisitos para que fueran tomados como queja.

Pero el corte mensual de Profeco da cuenta de únicamente 625 quejas, de las cuales 67 por ciento, o 421, se halla en trámite. En 127 hubo conciliación entre las partes y en otras 44 no se alcanzó acuerdo alguno, mientras en 21 hubo desistimiento.

Incluso, las cifras de la dependencia incluyen 12 casos que fueron catalogados como “quejas improcedentes”, por lo que tampoco en este rubro aparecen los expedientes que entregó la dirigencia del SME.

Por otro lado, según las estadísticas de Profeco el nivel de conciliación entre los usuarios y la CFE bajó 15 puntos porcentuales, ya que mientras en el primer mes del año pasado hubo acuerdo entre las partes en nueve de cada 10 casos, en enero pasado fueron 7.4 de cada decena.

Se incrementó 53.6 por ciento gasto de la CFE de 2003 a 2008

A pesar del discurso oficial sobre el costo excesivo de la energía generada por Luz y Fuerza del Centro, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó que desde 2003, en la segunda mitad del sexenio de Vicente Fox, hasta 2008 el gasto de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por megavatio/hora (mvh) generado se incrementó en 53.6 por ciento.

Esa cifra, explicó, es superior en 51 por ciento al incremento registrado por Luz y Fuerza, lo cual contrasta con uno de los argumentos centrales para la extinción de la compañía.

Termoeléctrica de la CFE en Salamanca, GuanajuatoFoto Martín Diego Al aplicar una extensa auditoría de desempeño al proceso de generación de energía eléctrica, cuyos resultados se presentaron ayer a la Cámara de Diputados, el órgano fiscalizador señaló que ese costo es inclusive superior en 34.6 por ciento a la energía producida por compañías privadas.

Además informó que en el mismo periodo la participación de la CFE en la generación de energía eléctrica disminuyó en 16.1 por ciento en el mercado nacional, ante las concesiones que se entregaron a la iniciativa privada, que incrementaron su intervención en el mismo porcentaje.

También resaltó que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) “no verificó que en la prestación del servicio público de energía eléctrica se adquiriera la electricidad de menor costo para la CFE ni vigiló el cumplimiento de las disposiciones administrativas a los particulares que generan, exportan o importan energía eléctrica”.

Entre los resultados de la auditoría resalta que la CFE no ha depurado 62 cuentas de grandes clientes por 6 mil 37 millones 156 mil 500 pesos, de los cuales mil 466 millones 944 mil 300 pesos corresponden a 2008 y 4 mil 570 millones 212 mil 300 pesos al periodo 2003-2007. Una sola de esas cuentas, de la que no se detalla el nombre del deudor, asciende a 44 millones 718 mil 200 pesos.

La auditoría revisó el gasto ejercido por la Secretaría de Energía, la CRE, CFE y Luz y Fuerza en el proceso de energía eléctrica, que ascendió a 194 mil 599 millones 395 mil 700 pesos, y evaluó la eficacia en el cumplimiento del suministro de electricidad, la eficiencia en su generación y la economía en el gasto.

Señaló que esas cuatro entidades “cumplieron con el objetivo de asegurar el suministro de electricidad, al registrar una capacidad efectiva de 48 mil 26 megavatios, superior en 42.5 por ciento a la demanda máxima de 33 mil 696 megavatios”.

Ello permitió, afirmó, que el margen de reserva operativo registrado en 2008 excedió en 9.4 por ciento al de reserva operativo mínimo establecido por la junta de gobierno de la CFE, en tanto que el de reserva fue superior en 15.4 por ciento, lo que representó una capacidad excedente de 5 mil 222.9 megavatios.

Informó que la CFE cumplió en 93.6 por ciento su objetivo de generar un mayor volumen de energía eléctrica, al producir 157 mil 164.2 megavatios, mientras Luz y Fuerza cumplió en 78.9 por ciento su objetivo de incrementar la oferta de energía eléctrica, al generar 2 mil 700 gigavatios.

Además, la compañía extinguida por el gobierno de Felipe Calderón registró un resultado inferior en 10.4 por ciento a la meta establecida de contribuir en la generación de energía con mayor disponibilidad.

No se repetirá

Pedro Miguel

“Después de pensarlo bien, los esclavos decidieron pedir cinco pesos diarios y ocho horas de trabajo. El amo oyó la petición, tosió, escupió, se encogió de hombros y dijo: ‘sólo el gobierno puede resolver sobre este asunto’. El gobierno ha ordenado a los capitalistas que no paguen buenos salarios al trabajador mexicano, porque el bienestar dignifica y ennoblece al hombre, y un pueblo de hombres dignos no soporta tiranías. Se declaró la huelga. Nadie volvería a entrar a las minas a trabajar, ya que las familias de los trabajadores se pudrían en la miseria para que engordasen y gozasen de la vida las familias de los que no sudaban. Seis mil hombres dejaron caer la herramienta, animados por la esperanza de que arrepentidos los amos atenderían sus reclamaciones. Vana esperanza. Los amos armaron a sus lacayos y asesinaron al pueblo. El gobierno, por su parte, mandó soldados a que hicieran lo mismo, y cobarde y traidor, toleró que forajidos extranjeros violasen las leyes de neutralidad para ir a exterminar a los mineros mexicanos.”

Así contaba Ricardo Flores Magón, en la primavera de 1908, lo ocurrido en Cananea dos años antes. 104 años después, una dependencia bufa declara extinguida la relación laboral entre los obreros de la mina, otra vez en huelga, y los dueños actuales del yacimiento, y el secretario del Desempleo, Javier Lozano Alarcón de Larrea, les ladran a los trabajadores en preparación del desalojo violento, mientras su jefe nominal, Felipe Calderón, desempeña el papel de cónsul extranjero y arguye que la política antiobrera de su desastre llamado gobierno es “para elevar la competitividad y atraer inversiones”: los derechos laborales liquidados, para coquetear con los inversionistas extranjeros; millones de pobres y desempleados, para crear “ambiente de negocios”; 18 mil muertos, para impulsar la rentabilidad; autoritarismo torpe e insensibilidad extrema, para facilitar la venta del país y sus habitantes a las gulas financieras foráneas y locales.

Esas no dirán nada si, de paso, la familia política del propio Calderón se hincha las cuentas de banco con contratos hediondos del Instituto Mexicano de la Juventud, o si el secretario de Agricultura se concede a sí mismo y a sus parientes sumas millonarias con cargo al bolsillo de todos –perdón, de casi todos: aquí sólo pagan impuestos quienes no tienen las influencias ni el dinero para evadir el pago.
Pero la historia no gira en círculos y el baño de sangre en Cananea no se repetirá. Antes de erigirse en dictador, Porfirio Díaz fue héroe de guerra en la resistencia contra los franceses; ya encaramado en el poder, se mantenía al tanto de lo que ocurría en cada rincón del territorio nacional; sabía hacer política y sabía reprimir, tanto que el priísmo histórico (no la delincuencia organizada de hoy) le copió muchas de sus mañas; era la cabeza de una tiranía sólida que reinaba sobre la paz de los cementerios.

El contraste es implacable: antes de colarse a Los Pinos, Calderón despachaba de secretario de Energía, donde solapaba los chanchullos de su difunto amigo Mouriño; no tiene la menor idea de las artes (aunque sean malas) de gobernar; ha llevado a la nación a un baño de sangre sin dirección ni propósito, provocado por su propia chambonería (la ineptitud es la otra cara de la moneda de la arrogancia), y se ha fijado como misión imperecedera llevar a vender la máxima cantidad posible de pedazos de país a esa Lagunilla pirrura denominada bolsa de valores.

El contraste histórico es más pronunciado en la parte baja de la pirámide social. Si el porfiriato la tenía relativamente fácil ante una población cohibida, atomizada y aislada en sus partes, y mayoritariamente desconocedora de sus derechos, la sociedad mexicana actual, a pesar de la tele y de monseñor, no se chupa el dedo. Los juarenses no se arredran ante la nube de guaruras que rodea al ocupante de Los Pinos y le dicen sus verdades en la cara; los capitalinos optan por defender y expandir sus derechos, así sea a contrapelo de la persignada hipocresía gobernante; centenares de miles de mujeres y hombres de varias clases sociales e ideologías salen a las calles en defensa de un país subvertido, dislocado y depauperado desde el poder.

Puede ser que Calderón, Lozano, Larrea y compañía no tengan noción de aquel episodio, o tal vez la adquirieron en algún ojeo rápido de Selecciones, y piensen que aquello se puede repetir. Pero en el México de hoy, a diferencia de lo que ocurría en 1906, los mineros de Cananea –carne de nuestra carne, sangre de nuestra historia, basamento de derechos, de libertad y de independencia– no están solos.

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Cada vez son más frecuentes los casos de impunidad en la CFE, dicen trabajadores

Sostienen que ilícitos de gravedad se “arreglan” con maniobras de autoritarismo sindical

Fabiola Martínez

Periódico La Jornada
Lunes 15 de febrero de 2010, p. 13
Trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) denunciaron que ante los casos de corrupción en el organismo, directivos y sindicato “siguen protegiendo a los responsables de los ilícitos y, con ello, avalan la impunidad”.

El 25 de enero pasado, La Jornada publicó que el dirigente del Sindicato Unido de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana (Suterm) en el Valle de México, Mario Urbina Domínguez, decidió aumentarse el salario 6.7 por ciento. Al detectar la maniobra, la gerencia de la CFE despidió a la empleada administrativa que manipuló la nómina por orden de su líder sindical, y a aquél sólo le hizo una “severa llamada de atención por escrito”.

El dirigente nacional del Suterm, Víctor Fuentes, “se lavó las manos como Poncio Pilatos” y ordenó que el caso se resuelva en una asamblea seccional, programada para mañana (martes), la cual estará encabezada por José Tobón, protector de Urbina e integrante del grupo compacto que controla los destinos del sindicato de la CFE.

“Todo queda entre ellos. Ya se echó a andar el andamiaje del autoritarismo sindical. Por un lado, condicionan las contrataciones de familiares y recomendados a cambio de firmar en favor de Urbina y, a la vez, iniciaron una cacería de brujas para detectar a quienes están haciendo públicos los casos de corrupción”, señalaron los denunciantes, quienes de nueva cuenta pidieron no ser identificados porque ello significaría perder su empleo.

La cláusula 37 del contrato colectivo vigente, firmado entre la CFE y el Suterm, precisa que la paraestatal “se obliga a no utilizar como trabajador a quien haya renunciado al Suterm, que haya sido expulsado del mismo o separado o haber atacado o desconocido los estatutos del Suterm o la autoridad del comité ejecutivo nacional o propiciado la división sindical”.

En caso de que la CFE –agrega la cláusula– contrate alguna persona o personas que estén comprendidas en los casos anteriormente mencionados, serán separadas de su empleo tan pronto como lo solicite el Suterm por escrito.
En ese contexto, José Tobón, coordinador de la división centro-sur en el sindicato, será el conductor de la asamblea de este martes. De acuerdo con los trabajadores consultados, aunque pocos se atreverán a manifestar su oposición a Urbina, ya hay un precedente para que los casos de corrupción no queden soterrados en el control interno sindical.

“Tobón sigue como si nada y el defraudador (Urbina) dice, ufano, que Víctor (Fuentes) ya lo perdonó. A nosotros no nos importa si Víctor lo apoya: aquí de lo que se trata es hacer un llamado a la CFE para que tome cartas en el asunto. No es posible que los líderes del Suterm estén por encima de los funcionarios de la empresa”, señalaron los empleados del Valle de México.

Actualmente el Suterm representa a los más de 80 mil trabajadores de la CFE, cuyo lema es “Una empresa de clase mundial”. Desde el 11 de octubre pasado, tras el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro, tomó el control también del suministro de energía en la zona central del país.

Por otra parte, en un comunicado, la Procuraduría General de la República informó que detuvo e inició una averiguación previa desde el 11 de febrero en contra de Carlos Alberto Vargas, a quien señaló como ex trabajador de Luz y Fuerza del Centro, y al que supuestamente se le sorprendió “robando dentro de las instalaciones de la CFE en Chimalhuacán, estado de México”.

En el boletín, suscrito de manera conjunta con la CFE, la procuraduría dijo que Vargas “fue detenido por la patrulla 551, en Prolongación bordo de Xochiaca sin número, colonia ejido San Agustín. De acuerdo con las primeras indagaciones, se supo (sic) que es ex trabajador de la extinta Luz y Fuerza”

La reforma laboral oficial ya fue pactada con CTM y CT, denuncian UNT y juristas

Afirman que el proyecto quita exigencias como el voto secreto en elecciones sindicales

Al Ejecutivo le urge ese cambio para aniquilar conquistas laborales históricas, dicen expertos

Patricia Muñoz Ríos

Periódico La Jornada
Lunes 15 de febrero de 2010, p. 12
El proyecto de reforma laboral que ya fue entregado a legisladores del Partido Acción Nacional (PAN) y se presentará en los próximas días a las diversas fuerzas del Congreso de la Unión para su análisis, “ya lo limpiaron, lavaron y plancharon”, porque le quitaron algunos puntos que incomodaban a los líderes del Congreso del Trabajo y de la Confederación de Trabajadores de México (CTM), como es el “voto secreto” en las elecciones de los sindicatos.

La intención es que el documento “pase sin ningún problema” y sea aprobado lo más pronto posible, pues el gobierno de Felipe Calderón tiene urgencia en sacar este proyecto, que es casi lo único que le falta para acabar con la Ley Federal del Trabajo y las conquistas laborales que quedan en el país, señalaron dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores y abogados laboralistas.

Según detallaron, en las últimas semanas y antes de la presentación del nuevo proyecto al Legislativo, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social ha emprendido un amplio trabajo de cabildeo buscando el consenso de líderes sindicales del sector obrero corporativo, a fin de quitar del documento aspectos que les “estaban haciendo ruido” para apoyar la reforma.

Uno de los puntos objetados por estas centrales obreras se refiere a la entrega de cuentas sobre los fondos sindicales, lo que pidieron que fuera eliminado, al igual que el voto secreto en elecciones. Y como esos temas muchos otros, informaron.

Al respecto, el abogado laboralista, Arturo Alcalde Justiniani, señaló que el nuevo proyecto “Lozano” va contra aspectos fundamentales de la normativa laboral, como: la seguridad en el empleo, el derecho de huelga, porque pone más requisitos para los emplazamientos y abre la oportunidad para que la autoridad repectiva de manera directa dé por terminados los paros “a su criterio”; además de que establece la figura de “multi-funcionabilidad” para que los trabajadores sean obligados a desmpeñar diversas tareas a conveniencia de la empresa.

Para la Unión de Juristas de México, el proyecto de reforma laboral no hace más que confirmar que este gobierno tiene la intención de acabar con las principales conquistas conseguidas en décadas de lucha por varias generaciones.
El líder del STUNAM, Agustín Rodríguez Fuentes, señaló que la reforma que propone el gobierno federal, es la más clara muestra de que se busca la “precarización” del trabajo hasta sus últimas consecuencias. La desaparición de prestaciones, la contratación a prueba hasta por tres meses y la contratación por “capacitación” hasta por tres o seis meses, no son más que soslayar obligaciones para la parte patronal y facilitar el despido a conveniencia de las empresas. Además, existe la intención del pago por hora o por jornada, que realmente no significa más que empleos “pobres” y eventuales.

Por su parte la Campaña Internacional contra los Contratos Colectivos de Protección Patronal en México, integrada por organizaciones sindicales de pilotos, Alianza de Tranviarios, Red de Abogados Laboralistas, el Centro de Reflexión y Acción Laboral (Cereal), el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (CILAS) entre otras, apuntó que si bien resulta impostergable una reforma laboral “ésta debe darse tomando en cuenta las propuestas elaboradas por académicos, expertos en la materia, así como todas las corrientes sindicales”, a los cuales no se está tomando en cuenta.

México necesita una reforma progresista que garantice el reconocimiento y la protección de los derechos humanos laborales de las y los trabajadores, basada en los estándares internacionales de la Organización Internacional del Trabajo, pero lejos de ello, se está yendo contra el principio que propende la OIT para avanzar hacia el principio de “trabajo decente” para la próxima década, indicó este frente de organizaciones.

Apuntó que la reforma debería contemplar lo señalado por los convenios internacionales firmados por México, así como las recomendaciones que se han hecho en materia laboral por el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, pero en el país transita en sentido contrario, pues se encamina a desconocer derechos plasmados en la misma Constitución, en la ley del trabajo y en la mayoría de los contratos colectivos.

La incertidumbre como identidad juvenil

Gabriela Rodríguez

Ser joven en el México actual es sinónimo de incertidumbre. El gran reto de un joven o una joven de nuestro medio es vivir la inseguridad y la vulnerabilidad como sentimientos permanentes y definición esencial de su mundo interno. Estamos hablando de quienes tienen entre 12 y 29 años de edad, de la tercera parte del total de la población mexicana. Hace rato que el Estado no se ocupa de la juventud, como no sea en las campañas electorales: la mitad no estudia más allá de la secundaria, sólo una quinta parte llega a la universidad, su calidad educativa no es competitiva con los niveles académicos de otros países. Sólo una quinta parte de los hombres jóvenes y menos de 10 por ciento de las mujeres de ese grupo de edad tiene un empleo remunerado, y 15 por ciento de ellas tiene uno o dos hijos antes de llegar a los 20 años. Muchos jóvenes tienen que migrar a las ciudades metropolitanas o a Estados Unidos en búsqueda de empleo. La primera causa de muerte de jóvenes de ambos sexos son los accidentes, la segunda de los hombres son las agresiones. En el año 2003, 62 de cada 100 defunciones de hombres jóvenes, y 31 de cada 100 de mujeres jóvenes, fueron violentas.

La masacre de jóvenes que tuvo lugar hace unos días en una fiesta de cumpleaños de un vecindario de Ciudad Juárez, donde un comando acribilló a 13 estudiantes de preparatoria, es el punto extremo del ambiente violento que rodea a las juventudes del país. Se trata de la ciudad que tiene la mayor presencia militar en México, con 10 mil soldados patrullando las calles desde hace más de un año, por considerarse el “epicentro” de la guerra entre narcotraficantes mexicanos. Entre las más indignantes reacciones gubernamentales a la masacre resultó la declaración de Felipe Calderón en el sentido de que tales asesinatos se derivan de las rivalidades entre los traficantes, cuando no hay todavía evidencia inmediata para sugerir que los estudiantes muertos estuvieran involucrados con pandillas.

Pero ser joven hoy es también vivir en el ciberespacio, porque la realidad virtual es mejor que lo que ofrece el mundo tangible. En el país, casi 30 millones de internautas hace oír su voz y sustituyen la falta de interlocución con las autoridades a través de diálogos interactivos entre gente de su rodada.

Esta semana, la masacre de jóvenes en Ciudad Juárez se convirtió en el tema más popular de los abordados en Twitter México. He aquí algunos de los comentarios textuales: “Hasta donde se ha llegado y nadie hace nada, kieren convertir Ciudad Juáres en una cd fantasma, ya basta de tanta violencia, estamos hartos, de nada sirve k haya tanto federal o los dichosos sardos”. “Era en estos momento cuando deben hacer algo, lamento esto de los jóvenes y que en verdad los papás están sufriendo mucho; ahora resulta que eran pandilleros, en verdad que poco criterio de la gente, Cabañas es un santo ¿o qué? Pobre no, pero los jóvenes, además esos sí son pandilleros”. “Creo que ya no hay vida, en este país se perdió todo, duele ver cómo nos destruyen todo: ¡pena de muerte a los asesinos!” “Si los jóvenes hubiesen sido hijos de algún politiquillo flojo de esos que nada más se sientan en su silla para dormir y pelear, ya hubieran buscado a los responsables hasta debajo de las piedras. Pero el pueblo, como siempre, se tiene que joder esperando que se cumplan esas promesas que duran solo durante las campañas políticas ¡ya basta de tanta delincuencia! somos tantas las personas buenas que quedamos en este país que podríamos reunirnos para formar un lugar en donde se pueda salir sin miedo a las calles”. “¿Donde están ahora los dos retadores de este momento? La gente asesina a inocentes, parece que le tienen miedo al presidente y al secretario de gobernación ¡Búsquenlos a ellos, no a los jóvenes inocentes!”. “Para Calderón no tiene valor la vida de sus compatriotas, en nuestro país Don Dinero es el que manda, Televisa y Televisión Azteca presionaron para investigar el atentado contra su gente, su futbolista, en cambio a estos jóvenes nadie presiona por ellos”. “A ese futbolista le dieron un balazo por andar en la peda y hacerle al bravucón con un cabrón más cabrón que él”. “La gente es increíble, les matan a sus hijos y vuelven a votar para que las mismas familias criminales continúen en el poder”. “La neta no existe justicia terrenal, hemos pasado por muchas cosas horribles y no se ven las soluciones”.
Pero mientras los jóvenes mueren y se quejan de la violencia, al actual procurador general de la República le parece prioritario presentar una demanda de inconstitucionalidad a la reforma legal que autoriza el matrimonio entre personas del mismo sexo: no vaya a ser que los niños huérfanos reciban amor, educación y sostén de un par de señores o de señoras. Se trata de Arturo Chávez Chávez, quien fue procurador general de Justicia de Chihuahua de 1996 a 1998, periodo de auge del feminicidio en Ciudad Juárez, quien cuestionó la honorabilidad de las víctimas, con comentarios sexistas y misóginos, refiriéndose a la “doble vida” que llevaban o la ropa “provocadora” que usaban las mujeres, culpabilizando a las niñas y mujeres asesinadas de los crímenes denunciados.

Porque los políticos mexicanos se han olvidado de la ética que define al Estado moderno, de la justicia y de la solidaridad que garantice las libertades y los derechos humanos para todos, porque el lenguaje jurídico se ha convertido en un discurso irreflexivo. De nada sirven las leyes ni los derechos humanos si no expresan la identidad de los individuos y de los colectivos, si las instituciones lejos de formalizar y asegurar la adhesión a las normas sólo pretende con ellas justificar buenas razones. Aunque se eleven leyes a rango constitucional, si lo que prevalece es la impunidad y no hay un componente empírico de su cumplimiento, se trata de instrumentos abstractos que solapan la delincuencia y la ingobernabilidad. Más fuerza ciudadana que las medidas jurídicas podría tener hoy el Twitter o el espacio cibernético, donde las voces son directa expresión de la identidad y de la interlocución ciudadana.

gabriela.afluentes@gmail.com

“La” Iglesia

Carlos Martínez García

La sociedad mexicana cambia, pero el registro de ese cambio tarda en ocurrir. Hace un buen tiempo que pasaron los años del partido político casi único, lo mismo que de la Iglesia (católica) sin contrapartes en el horizonte. Pero en la opinión publicada que tiene cabida en diarios y revistas, y sobre todo en los medios electrónicos, se siguen utilizando expresiones que borran la diversificación religiosa ya bien asentada en el país.

Por todas partes podemos leer encabezados, reportajes, análisis que usan como expresión la Iglesia para referirse a la Iglesia católica. Los autores no consideran necesario usar el calificativo porque presuponen que los lectores saben que sólo hay una institución de la que se ocupan cuando escriben, o la señalan en radio y televisión, y que ella es la Iglesia católica. Las demás creencias, desde la perspectiva hegemónica del catolicismo invisibilizador, caben sin problemas en el costal de las “sectas”.

La historia de las disidencias religiosas en México demuestra que el dominio de las conciencias por la Iglesia católica nunca fue total. A lo largo de los tres siglos de la Colonia hubo individuos que burlaron el control confesional católico, algunos fueron descubiertos y padecieron juicios inquisitoriales. Otros lograron, bajo el manto protector de la vida privada, guardar sus creencias y transmitirlas en el seno familiar y de algunas amistades cercanas.

En el periodo que va de los primeros años posteriores a la Independencia y la Ley de Libertad de Cultos del 4 de diciembre de 1860, se acrecientan los nacionales que se identifican con credos distintos al catolicismo. Conforman pequeños núcleos a los que la Iglesia católica combate decididamente, pero la persistencia de los disidentes es notable y logran sobrevivir al acoso. Con ello fortalecen las vías de una incipiente diversificación religiosa en el país.

Los misioneros extranjeros que en el último tercio del siglo XIX arriban a México para consolidar iglesias de distintas denominaciones protestantes no crean ex nihilo las comunidades de creyentes evangélicos; sino que potencian lo ya trabajado por nacionales que por distintos caminos habían dado antes los primeros pasos del protestantismo mexicano.

Primero con porcentajes modestos registrados por los censos de población, hasta 1950 los no católicos son una minoría cuya presencia molesta al clero católico, pero que está lejos de disputar el dominio del campo religioso a la creencia tradicional. A partir de 1960 los censos comienzan a mostrar cifras de crecimiento significativo del abanico protestante, y disminución porcentual en las filas del catolicismo. Hace dos décadas dejó de ser cierta la afirmación de que más de 90 por ciento de los mexicanos son católicos. Sin embargo, e incluso en medios críticos del clericalismo católico, se siguen dando por ciertos los números que no tienen asidero en la realidad.

Competencia declara dominante a Telcel; la empresa impugnará la resolución

Lanza a Cofetel la responsabilidad de aplicar una regulación diferente al resto de operadores

La compañía argumenta que su presencia se debe a las grandes inversiones que ha realizado

Miriam Posada García

Periódico La Jornada
Miércoles 3 de febrero de 2010, p. 23

La Comisión Federal de Competencia (CFC) declaró dominante a Telcel en el mercado nacional de servicios de telefonía móvil al usuario final, por lo que, señaló, corresponde a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) determinar si le aplica una regulación diferente al resto de los operadores, lo que representa imponerle obligaciones específicas en términos de precio, calidad e información; o en su defecto regular los insumos críticos que pueden estar en la raíz sustancial.

Por separado, Telcel señaló que la resolución de la CFC es impugnable, ya que su presencia en el territorio nacional es resultado de fuertes inversiones, con lo que se ha convertido en la única opción de comunicación para miles de mexicanos que habitan en zonas donde la competencia no ofrece servicios, y destacó que su crecimiento en México de ninguna manera es producto de prácticas indebidas.

En información enviada a inversionistas, Telcel puntualizó que es muy probable que impugne la resolución de la CFC, debido a que no se le puede atribuir tener poder sustancial cuando participa en un mercado altamente competitivo.

En ese sentido detalló que en el segmento de pospago “la participación de mercado de Telcel era de 46 por ciento hace poco más de un año, 15 puntos porcentuales superior a la del competidor que le sigue. En cuanto a prepago, Telcel es la única opción de comunicación para miles de mexicanos que habitan en zonas donde la competencia no ofrece servicios.

La resolución de la CFC es producto de una investigación iniciada en 2008, en la que encontró que Telcel es una agente con poder sustancial en el mercado nacional de servicios de telefonía móvil al usuario final.

En la declaratoria difundida ayer por la CFC, que encabeza Eduardo Pérez Motta, el pleno señaló que en un mercado caracterizado por altas barreras a la entrada, Telcel concentra cuatro veces más usuarios y cinco veces más ingresos que su competidor más cercano; ha ingresado márgenes de utilidad altos, crecientes e inconsistentes con un mercado competido y ha registrado elevadas adiciones netas de usuarios en los últimos cinco años.

Ante estos argumentos, la CFC puntualizó que en su declaratoria se refiere exclusivamente a las condiciones de competencia en el mercado de telefonía móvil; no prejuzga sobre la realización de prácticas monopólicas, por lo que no hay lugar a sanciones para agente económico alguno, con lo que deja en manos de la Cofetel la toma de decisiones sobre el tratamiento que se deberá dar a una de las empresas más importantes de Carlos Slim.