CFE, patrón sustituto de Luz y Fuerza

Antonio Gershenson

El proceso que se sigue en el juzgado primero de distrito del centro auxiliar de la primera región, que ya ha dado en ocasiones anteriores la razón al Sindicato Mexicano de Electricistas (SME), ahora permite que conozcamos datos muy valiosos para este proceso.

En efecto, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tuvo que informar e incluir documentos que antes se habían ocultado. Nos referimos, en este caso, a la copia cotejada por el notario 103, de un convenio entre esta comisión y el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), encargado de la liquidación del “organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro (LFC), en liquidación” (textual en el encabezado del convenio). El convenio se firmó la madrugada del domingo 11 de octubre, 25 minutos después de la medianoche.

Queremos hacer notar que en las versiones iniciales de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, en efecto, se calificaba a este organismo y sus antecesores como que estaba en liquidación, en el artículo cuarto transitorio. Pero el Congreso de la Unión modificó este artículo para hablar de un organismo descentralizado, suprimiendo el término “liquidación”. O sea que el Poder Ejecutivo le “dio reversa” a un acuerdo del Congreso, volviendo a dejar a LFC en liquidación, lo cual, legalmente, sólo lo puede hacer este mismo Congreso.

En el convenio se cita, como antecedente número IV, que el 11 de octubre de 2009 (el día del “decreto” liquidador), la subsecretaría de Electricidad de la Secretaría de Energía solicitó al SAE “poner a disposición de CFE los bienes del organismo extinto de Luz y Fuerza del Centro… así como los derechos accesorios y asociados a dichos bienes”.

En la cláusula primera del mismo convenio se dice que “el SAE… pone a disposición de CFE los bienes…, así como sus derechos accesorios y asociados, los cuales están y deberán seguir afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto venía prestando Luz y Fuerza del Centro”.

En la cláusula segunda se señala que en cuanto a estos bienes, “CFE se hará cargo de su operación, mantenimiento y seguridad”. Y se agregan otras funciones, como el cobro de las facturas acumuladas y futuras de consumo de electricidad.
Veremos lo que dice la ley para definir cuándo un patrón o empresa es sustituto de otro. La que se ocupa de esto es la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, en su artículo 290:

“… Se considera que hay sustitución de patrón cuando:

“I. Exista entre el patrón sustituido y el patrón sustituto transmisión, por cualquier título, de los bienes esenciales afectos a la explotación, con ánimo de continuarla. El propósito de continuar la explotación se presumirá en todos los casos, y

“II. En los casos en que los socios o accionistas del patrón sustituido sean, mayoritariamente, los mismos del patrón sustituto y se trate del mismo giro mercantil.”

El segundo punto se cumple de todos modos, incluso sin considerar el convenio: tanto CFE como LFC eran ya organismos públicos y, por tanto, el “dueño” es el mismo, la nación, representada por el Estado.

El primer punto también se cumple con el convenio, en el que se menciona reiteradamente el asunto y se dice que “el SAE (que dispone de los bienes de LFC) pone a disposición de CFE los bienes, así como sus derechos accesorios y asociados, los cuales están y deberán seguir afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica, en el área geográfica en la que hasta antes de la expedición del decreto venía prestando Luz y Fuerza del Centro”.

El sustituto hereda las obligaciones del sustituido. La CFE debe, entre otras cosas, reinstalar a los despedidos, reconocer la validez del contrato colectivo de trabajo SME–LFC, y tratar con este sindicato las cuestiones laborales, tanto generales como las de cada centro de trabajo de los que usó LFC. Esto, sin perjuicio de que, como vimos, la liquidación de LFC es ilegal al no haberla aprobado primero el Congreso de la Unión, mediante cambios en la ley.

Hay que tener presente que este convenio y otros documentos relacionados (algunos se reservaban por 12 años) se mantuvieron en secreto hasta que la juez de la instancia mencionada requirió la documentación necesaria para continuar con el proceso. Y los hechos posteriores son muy claros: se mantuvieron esos documentos ocultos para evitar el cumplimiento de las leyes relacionadas, y de las obligaciones que éstas establecen.

gershen@servidor.unam.mx

No acabarán arbitrariedades de Cofetel; la controla Televisa: Corral

El diputado panista criticó el desempeño de la comisión tras la decisión de la SCJN


La SCT espera que el tribunal defina qué procede con las concesiones de radio y tv que otorgó

Un órgano público autónomo debe otorgar los permisos, plantea Genaro Góngora

Martín Hernández, Miriam Posada y Jesús Aranda
Corresponsal y reporteros
Periódico La Jornada
Miércoles 25 de noviembre de 2009, p. 24
Regresarle a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) la facultad de otorgar y retirar concesiones de radio y televisión “no acabará con las decisiones arbitrarias por las que se rige, porque es un órgano controlado por Televisa”, advirtió el diputado Javier Corral sobre la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en contra de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).

Corral criticó el desempeño de la Cofetel luego de que el pleno de la SCJN invalidó las facultades que tenía el secretario de Comunicaciones y Transportes para aprobar el cuadro nacional de frecuencias, conceder el “concesionamiento” de frecuencias de radio y televisión y declarar desiertos los procedimientos de concesión para el otorgamiento del uso, aprovechamiento o explotación de bandas de frecuencia para el servicio de radiodifusión.

Todas esas facultades eran de la Cofetel, hasta que en enero de 2009 el entonces secretario de Comunicaciones, Luis Téllez Kuenzler, emitió el nuevo reglamento interno de la dependencia, con el cual el titular de la SCT obtuvo la facultad absoluta de decidir qué concesiones de radio y televisión se prorrogaban o no.

La Corte abordó el caso debido a la controversia presentada por la Cámara de Diputados, por lo que a menos de un año de que el reglamento entrara en vigor, hoy la SCT está a la espera de que el máximo tribunal determine qué procede en caso de las concesiones de radio y televisión que la dependencia otorgó o prorrogó sin que fuera su facultad –como ahora se definió–, aunque lo previsible es que “los procesos sigan su curso normal”, señalaron fuentes de la dependencia.

Los ministros ratificaron, con el voto en contra de Sergio Aguirre Anguiano, que la Cofetel tiene competencia exclusiva para “fijar, conducir y controlar la política” gubernamental en materia de radio y televisión.

En cambio, resolvieron que el titular de SCT sí tiene derecho a aprobar las tarifas de los servicios de telecomunicaciones cuando lo prevean los títulos de concesión y permisos correspondientes.

En este escenario los grandes ausentes han sido la Cámara de la Industria de la Radio y la Televisión (CIRT), cuyos afiliados son los directamente afectados por la decisión de la Corte sobre las facultades de la SCT, quienes se han reservado cualquier comentario al respecto. Igual hizo la Cofetel.

Mientras, el diputado panista Javier Corral advirtió que la decisión de la SCJN “no acabará con las decisiones arbitrarias, porque la Cofetel es un órgano controlado por Televisa”.

Como uno de los más severos críticos del desempeño del presidente de la Cofetel, Héctor Osuna Jaime, el legislador panista aseguró que en ese órgano regulador “quien manda es Televisa. Hay dos comisionados –en otras ocasiones ha señalado por su nombre a Osuna– directamente vinculados a los intereses de los regulados. Entonces este fallo no le genera al proceso democratizador de los medios de comunicación ninguna garantía, por eso me interesa mucho saber cómo va a ser engrosada esa sentencia”.

Sobre el engrose del fallo y lo que seguirá, la SCT señaló que es necesario conocer a fondo la resolución para proceder en consecuencia, aunque adelantó que se puede prever que no será una decisión retroactiva sobre los tres paquetes de resoluciones a través de los cuales se prorrogaron concesiones o se tomaron otras decisiones, de tal forma que se espera que “los procesos en curso sigan hasta agotarse”.
Los tres paquetes de concesiones liberados a lo largo de 2009 son resultado del compromiso que contrajo el secretario de Comunicaciones y Transportes, Juan Molinar Horcasitas, con los miembros de la CIRT. El presidente Felipe Calderón las destacó, durante la pasada semana nacional de la radio y televisión, como parte de los compromisos cumplidos.

Hasta antes de esta última resolución, la SCT tenía programado desahogar todas las concesiones pendientes, menos las que se encuadran en el lapso en que la Corte se manifestó en contra de las modificaciones legales hechas a la Ley de Radio y Televisión.

Se espera que este miércoles la SCT esté en condiciones de detallar el procedimiento a seguir en el caso de los radiodifusores, ahora que ya no tiene facultades para decidir en materia de concesiones, y que la Cofetel emita una postura.

El pasado lunes el pleno anuló la facultad, que había establecido el Presidente de la República vía reglamento de la SCT, para que el titular de Comunicaciones otorgara las concesiones y permisos de radio y televisión, además de resolver sobre prórrogas, refrendos o modificación de las concesiones.

El Ejecutivo federal violó la Constitución, al modificar, a través del reglamento emitido en enero pasado, las atribuciones que el Congreso estableció a favor de la Cofetel en las leyes federales de telecomunicaciones y de radio y televisión.

Cuando hace tres años la Corte analizó la constitucionalidad de la llamada ley Televisa, el Senado se inconformó en contra de la atribución que tiene el Ejecutivo federal para designar a los comisionados de la Cofetel y que los legisladores sólo puedan objetar los nombramientos, pero sin intervenir en su designación.

La Corte determinó que la Cofetel, por ser un órgano desconcentrado del Ejecutivo federal, depende directamente del presidente, quien tiene el derecho de nombrar a los integrantes de la Comisión. Otra cosa hubiera sido si la Cofetel fuera un órgano descentralizado, porque entonces sí el Senado podría intervenir en los nombramientos.

Así, el presidente conduce la política de radiodifusión a través de los comisionados de la Cofetel y del secretario de Comunicaciones, todos ellos designados por él.

Al respecto, el ministro instructor de la controversia, Genaro Góngora Pimentel, planteó la necesidad “de mantener un equilibrio en la regulación de este importante ámbito (la radiodifusión)” y definir que “la autoridad encargada de otorgar permisos y concesiones no sea ya el Ejecutivo federal”. Planteó que “se cree un órgano público autónomo, que otorgue las concesiones y permisos para operar estaciones de radio y televisión mediante un proceso participativo y transparente”.

De los peores, desempeño de México en crisis: nobel Stiglitz

El economista consideró preocupante la política fiscal, que no estimula el crecimiento, combinada con una débil recuperación en EU, y auguró que después de 2011 "continuarán los problemas importantes".

Notimex
Publicado: 18/11/2009 17:26

México, DF. El desempeño que México ha tenido para enfrentar la recesión ha sido uno de los peores en el mundo, consideró el premio Nobel de Economía 2001, Joseph Stiglitz.

"Las estadísticas de crecimiento han sido muy débiles y pesimistas para este país (...) la combinación de una recuperación muy débil para Estados Unidos y una política fiscal que no estimule la economía mexicana es una fuente de preocupación", aseguró.

En conferencia de prensa, dijo que cuando dicho país se encuentra débil "tradicionalmente México sufre", debido a los vínculos económicos.

Detalló que países como Australia y Brasil fueron los que mejor enfrentaron la crisis financiera, ya que tuvieron una reacción gubernamental "muy fuerte", así como un reglamento bancario que hizo que su sistema financiero soportara las dificultades que provocó la recesión.

Explicó que el panorama no es alentador, ya que hasta el momento la economía de Estados Unidos sigue débil y la recuperación para México será lenta.

Consideró que la tendencia de crecimiento para el próximo año para el país vecino no es suficiente para lograr una reducción, por ejemplo, en el nivel de desempleo.

"En 2010 es muy probable que exista un crecimiento pero no será muy robusto, sin embargo, la verdadera preocupación será a partir de 2011, ya que en este tiempo se acabará con el estimulo por parte del gobierno y la apuesta es que continuarán los problemas importantes", dijo.

Stiglitz agregó que una de las causas de la crisis global fue la inadecuada regulación de los bancos, y México vivió hace tiempo una dificultad similar provocando que el desarrollo del país fuera lento, ya que no tuvo la capacidad de financiar a las pequeñas y medianas empresas para involucrarse en el comercio internacional.

Opinó que para minimizar los efectos negativos y derivado de los estudios que han realizado, la inversión en tecnología, educación e infraestructura, ayudarán a estimular el desarrollo y crecimiento de la economía a corto y largo plazo.

Respecto al impacto que traerá consigo el aumento de los gravámenes como el Impuesto al Valor Agregado (IVA) o el Impuesto Sobre la Renta (ISR) como los que entrarán en vigor en 2010 en México, "tendrá un efecto muy negativo en la economía", puntualizó.

Los mexicanos padecen un cuadro agudo de desánimo

El Universal

PUBLICIDAD

Los mexicanos están tristes. No creen en la política ni en los políticos y mucho menos en el modelo económico. La desesperanza se escucha en el transporte público, en las pláticas de café y puede leerse en los chats.


Analistas políticos y económicos realizaron para KIOSKO un diagnóstico sobre el desánimo nacional. Sus opiniones parecen provenir de un consultorio médico: aseguran que nuestro país agoniza y que sus ciudadanos padecen un cuadro agudo de desencanto, de enojo, de apatía, de desconfianza y de desesperanza.


"(México) es ahora como un paciente que se desangra gota a gota", dice Ana María Magaloni, profesora e investigadora de la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).


El remedio, coinciden los estudiosos, es uno solo: o cambia el modelo económico y se replantea el papel del Estado o la situación terminará en un fondo de consecuencias inimaginables.


Pero ¿cómo llegamos a esta situación? La mayoría de los analistas considera que el Estado y sus instituciones no han respondido a las necesidades y expectativas de la mayor parte de la población y el gobierno se ha centrado en satisfacer los requerimientos de una élite, a la cual también se le agotaron los privilegios, pues el sector empresarial también comienza a hacer sus reclamos.


El enojo se observa incluso en eventos masivos, como cuando el presidente Felipe Calderón Hinojosa asistió a la inauguración del estadio de futbol del equipo Santos, en Torreón, Coahuila. Ese día el mandatario escuchó una rechifla.


Juventud sin esperanzas


Gerardo Esquivel, profesor investigador del Centro de Estudios Económicos de El Colegio de México (Colmex) y doctor en economía por la Universidad de Harvard, dice que la salida de la crisis es aún distante y que los indicios de recuperación son frágiles.


Agrega que en este contexto se desaprovechó un capital social muy importante para el desarrollo del país como lo es la juventud, que se está sumiendo también en el desencanto.


"Nos encontramos en un momento de transición demográfica en el cual los jóvenes han alcanzado máximos históricos en su participación dentro de la población total y en la fuerza de trabajo. Paradójicamente ni el Estado ni la sociedad parecen haberse percatado de la trascendencia de esta circunstancia crucial para el futuro del país", dice.


De esta manera, en las familias mexicanas sucede que los padres pierden su empleo y los jóvenes no encuentran dónde colocarse.
Las consecuencias sociales de esos errores políticos son visibles en las estadísticas. La tasa de suicidios aumenta gradualmente desde 1990. En ese año, la tasa de personas que se quitaron la vida fue de 1.6 por cada cien mil individuos. En 2006, último año con el que se cuenta registro, la tasa fue de 3.2. Según el Instituto Mexicano de la Juventud y el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, hace 30 años, quienes más se suicidaban eran adultos mayores, ahora la situación se revirtió. El 28.6% de los intentos se concrentra en la población de entre 15 y 19 años y 16.6% de los suicidios consumados son de jóvenes de entre 20 y 24 años.


El consumo de drogas también aumentó. La Secretaría de Salud reporta que en los últimos nueve años la drogadicción aumentó 50%.


En 2002 había 158 mil personas adictas en el país y ahora son 307 mil.


Otro dato que habla de la violencia detonada por el incipiente nivel de vida, entre otros factores, es la delincuencia, la cual, año tras año, según la Secretaría de Seguridad Pública federal, se incrementa 2% e involucra a cada vez más jóvenes y mujeres.


Ya bájenle


Ana María Magaloni, investigadora del CIDE, dice que México llegó al límite porque es evidente que los beneficios del régimen democrático sólo llegaron a una parte de la población y no a la mayoría. Para ellos, para la mayoría de la población que no forma parte de la élite privilegiada, el hecho de que haya llegado el PAN a Los Pinos no significa nada porque no hay un beneficio tangible como ciudadanos y siguen siendo simples gobernados, opina.


La Encuesta Nacional sobre Cultura Democrática y Prácticas Ciudadanas 2008, hecha por la Secretaría de Gobernación, revela que 51.8% de los mexicanos cree que México no vive en una democracia y 34.2% está poco satisfecho con el sistema.

El 35.6% de los encuestados dice que confía poco en el Presidente y 14.6% no confía nada. Pero es peor el rechazo cuando de partidos políticos se trata, pues 35.6% de plano no tiene ninguna confianza en ellos.

Además, 48.5% dijo que estamos más cerca de un gobierno que impone, en lugar de uno que consulta y 78.6% prefiere que el gobierno intervenga lo más posible en la solución de los problemas de la sociedad.

Para cuestionar el actuar de los partidos políticos se creó la campaña denominada Ya bájenle. Menos dinero a partidos, que encabeza Alianza Cívica y a la cual se han adherido 27 mil 146 personas. A través de ella se enviaron cartas a los legisladores para que en el presupuesto de Egresos se reduzca la partida presupuestal para los partidos, al considerar que sus gastos son onerosos y que deben esforzarse para convencer a la gente de votar por ellos.

Miguel Ulises Urusquieta Salgado, coordinador de proyectos de Alianza Cívica, comenta que en la población hay desconfianza y desesperanza generalizadas en contra de las instituciones públicas y del gobierno porque hay corrupción en todas partes y hay incapacidad de su parte para resolver los problemas que vive la población.

Ricardo Becerra, presidente del Instituto de Estudios para la Transición Democrática, considera que la democracia no es la culpable de la crisis en la que está sumida la sociedad mexicana. Yo diría que, por el contrario, la democracia tuvo la mala pata de coincidir con el estancamiento económico porque en otros países la democracia fue acompañada de crecimiento, pero en México no ocurrió así, hay una baja expectativa de mejorar la calidad de vida, pero de eso, la democracia no tiene la culpa, opina.

El especialista dice que es el modelo económico al que nos han tenido atados lo que ha generado un periodo de estancamiento desde 1982. Reconoce que hay malestar entre la población que considera que los partidos políticos no han estado a la altura de las necesidades que requiere el país.

Entendemos -explica- que haya este descontento porque no hay una solución a la vista y no la ha habido en elecciones anteriores, pero también obedece a que en este sistema democrático los partidos políticos que gobiernan están más expuestos. Antes tomaban sus decisiones en un marco de opacidad autoritario y ahora la formulación de las nuevas decisiones está a la vista de todos.

Javier Oliva Posada, académico de la UNAM y especialista en sistema político mexicano, considera que México está cercano a la disfunción estructural y padece una severa elevación de los niveles de tensión.

Esto como consecuencia de las ineficiencias en la impartición de justicia en el país, a la incapacidad de los gobiernos para cumplir con los compromisos que asumen ante la sociedad, a la aparición de patologías sociales tendientes a la destrucción y deterioro del tejido social y en general, añade, a la ausencia de un proyecto de nación y de un pacto que sobrepase la agenda electoral y el análisis de la coyuntura.

El especialista destaca que la falta de proyecto en una empresa, por ejemplo, denota desinterés respecto del destino y consecuencias de las decisiones tomadas, pero en materia política la cosa es mucho más seria, pues implica el futuro de millones de personas y de los recursos e instituciones del país.


Desconfianza institucional

La crisis institucional tiene sus más altos niveles y sus más críticas consecuencias en el aparato de justicia.

Gerardo Esquivel, académico del Colmex, asegura que a la extrema vulnerabilidad económica se suma la crítica realidad de inseguridad pública en el país. Esta sensación de temor constante por la inseguridad propia y de las personas cercanas es una manifestación nítida de pérdida de bienestar y calidad de vida, dice el especialista.

Ana María Magaloni, del CIDE, considera que parte del desencanto de la población mexicana obedece a que temas tan cruciales ahora como el acceso a la justicia, han quedado fuera de la agenda de los partidos políticos.

Tenemos un sistema de justicia mediocre al que sólo accede un sector privilegiado y la mayoría no. La población se debería amparar cuando no hay un pizarrón en la escuela de su comunidad, cuando no hay un médico o, en casos extremos de detención arbitraria, pero la mayoría, 90%, no tiene acceso a ese derecho y en lugar de garantizarlo, las reformas pretenden engrosar aún más este aparato ineficiente, dice.

La especialista insiste: Este modelo ya está desgastado y cuando hay tanto desencanto es momento de un cambio, el cual debe venir desde la sociedad, no de los políticos... Esta crisis no puede ser infinita, es momento de un reajuste que esperemos que no tarde tanto porque esa apatía hacia lo público no es buena en términos de la construcción del país que queremos.

La caída del muro retratada por el cine….

Oscar Uriel

La importancia de la función del cine como documento histórico es innegable, sin embargo, desde mi punto de vista creo que el impacto resulta mucho mayor cuando se mezclan los datos históricos con alguna muy buen anécdota de ficción.

Por supuesto que la caída del muro de Berlín provocó la realización de un puñado de interesantes filmes que van desde la tragicomedia pasando por los musicales.

Creo que el ejemplo más representativo de este grupo es ‘Adiós a Lenin’ (2003) de Wolfgang Becker basado en un guión de Bern Lichtenberg, una agridulce historia que pone en evidencia la acidez y la capacidad de autocrítica de la cinematografía alemana. Recuerdo perfectamente cuando la película empezó a rondar festivales recolectando reconocimientos por parte de estrictos jurados pero, principalmente, logrando convertirse en un filme favorito de la audiencia.

¿La trama? muy sencilla. Un piadoso hijo (caracterizado por el carismático Daniel Bruhl) decide orquestar una divertida farsa con la finalidad de que su madre enferma, quien acaba de despertar de un coma y desconoce la noticia de la caída de muro, continúe viviendo en la atmósfera nacionalista de la Alemania oriental que tanto ama.

Lo que prosigue es una divertida comedia situacional protagonizada por simpáticos personajes que representan el desconcierto de los habitantes ante esta sociedad recién formada.

Lo más entrañable de ‘Adiós a Lenin’ es que jamás sientes la circunstancia política forzada dentro de la historia ya que el bien estructurado guión permite que los personajes aparezcan e interactúan en una panorama regido por la lógica. Esto es un ejemplo de un muy buen retrato social dentro de un filme de entretenimiento. Becker reúne los ingredientes necesarios para conformar una ácida farsa con una muy buena dosis de compasión por parte del realizador.

En verdad recomiendo esta película a quienes quieren entender (en especial aquellas nuevas generaciones) la relevancia de un cambio político dentro de un grupo de personajes cotidianos que sólo tienen la desventaja de vivir del otro lado del muro.

Otra recomendación importante es el drama alemán La Vida De Los Otros (2006), el apabullante debut del escritor y director Florian Henckel von Donnersmarck, un estudio acerca del sistema de espionaje y sus protagonistas en la Alemania oriental. La película llegó a ganar el Oscar como mejor cinta extranjera en la ceremonia del 2007, sin embargo , hubo quienes la señalaron como un documento estrictamente anticomunista, de cualquier manera el filme resulta un interesante y muy bien ejecutado drama que pone en evidencia uno de los capítulos escondidos en la historia del país.

Fue una película norteamericana independiente la que ofreció una versión musical a la situación a través del mundo de Hedwig And The Angry Inch (2000) de John Cameron Mitchell.

La historia de un transgénero (interpretado por el mismo Mitchell) quien, para su mala suerte, abandona Alemania comunista justo antes de la caída del muro al convertirse en una “mujer”, El montaje de Hedwig And The Angry Inch es simplemente espectacular al combinar la singular historia de una decadente estrella de rock con ácidos números musicales que incluyen hasta una creativa animación. El filme ofreció una panorama acerca de la fascinación de los habitantes de la Alemania oriental por la cultura pop de occidente.

Tres películas, muy distintas entre sí, que reflejan en fenómeno social ocasionado por la caída del muro.

Los expedientes reservados contra el SME

José Antonio Almazán González

Los dos documentos que Felipe Calderón envió el martes 13 de octubre a la Cámara de Diputados, clasificados de reservados en los términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública gubernamental, forman parte de la burda maniobra urdida en Los Pinos para justificar el plan inicial, no descartado, de reprimir violentamente al Sindicato Mexicano de Electrcistas (SME) y encarcelar a su dirección nacional encabezada por Martín Esparza Flores, bajo el supuesto de disturbios sociales” y “eventuales ataques al sistema eléctrico nacional”. Veamos los hechos.

Los documentos que recibió el panista Francisco Ramírez Acuña en su carácter de presidente de la Cámara de Diputados son: a) Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, reservado por un año, y b) Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, ¡reservado por 12 años!, en los términos de los artículos 13 fracción I y 14, fracción VI de la citada ley.

Tres días después, para darle tiempo al operativo fascista, el viernes 16 de octubre, a las tres de la tarde, Ramírez Acuña los turnó al presidente de la Junta de Coordinación Política, Francisco José Rojas Gutiérrez. Finalmente, el martes 27 de octubre, el grupo plural de diputados que tiene la encomienda de analizar la conveniencia de la controversia constitucional ante el decreto de extinción de LFC recibió dichos documentos. Las fechas son significativas porque muestran el retraso deliberado en la entrega, entorpeciendo la discusión y posicionamiento en la Cámara de Diputados.

¿Qué contienen estos documentos clasificados como reservados?, “cuya difusión pueda comprometer la seguridad nacional, la seguridad pública o la defensa nacional”, según establece el artículo 13 en su fracción I. El Diagnóstico sobre el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro es un glosario de datos, muchos de los cuales pueden ser consultados vía Internet.

A lo largo de sus 68 páginas sobresale la sarta de mentiras para responsabilizar al SME, al contrato colectivo de trabajo y a los trabajadores electricistas y jubilados de las pérdidas y deficiencias de LFC. Lo que destaca en este documento es la falsedad de que LFC puede funcionar con 8 mil 900 trabajadores, según “información proporcionada por la CFE”, y que los jubilados resultan una carga insostenible.
En el Informe de la desincorporación mediante extinción del organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, además de una falsa visión de su situación actual, en su página 12, en el inciso E: Desventajas de las soluciones propuestas, se muestra el criminal cálculo político del gobierno: “es de destacar que en la implantación de las soluciones propuestas en el presente informe se liquidarían aproximadamente 44 mil 600 empleos como consecuencia de la terminación de la relación colectivo-laboral. Ello podría implicar:

“1. Riesgos inminentes a la integridad física de las personas y a sus bienes, como resultado de disturbios sociales que pudieran generarse por esta medida;

“2. Eventuales ataques al sistema eléctrico nacional, frente a los cuales se tendría una mejor capacidad de respuesta que la de LFC, pero que pueden resultar inevitables, y

“3. Instauración de procedimientos judiciales tendientes a demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad de los actos administrativos que se expidan, o bien la actualización de la figura de sustitución patronal, a fin de obtener la consecuente reinstalación de los trabajadores de LFC.”

Pero el perverso cálculo de Calderón no funcionó. El SME no cayó en provocaciones. Los trabajadores electricistas no se tragaron el anzuelo de las liquidaciones. Más de la mitad de los agremiados del SME (activos y jubilados) se ampararon. Se logró una suspensión provisional del decreto de extinción. El SME y su dirección lograron la ratificación de su personalidad jurídica y la campaña mediática ha venido a menos, ante el creciente respaldo popular que se hará sentir en el paro nacional del 11 de noviembre. ¡No pasarán!

Gómez Mont: ante todo el negocio

JORGE CARRASCO ARAIZAGA

Fernando Gómez Mont Urueta ha sido más que un abogado patrocinador de lucrativos juicios de políticos y empresarios implicados en fraudes y corrupción. Desde el gobierno de Carlos Salinas ha influido en la vida pública del país como operador del maridaje del PAN con el PRI y promotor de reformas de las que se valió como litigante.
Hechura del exsenador Diego Fernández de Cevallos, Gómez Mont no sólo ha combinado la política y el litigio en casos que han sido muy costosos para el erario.
Pese a ser heredero del panismo doctrinario, fue uno de los panistas que legitimaron a Salinas y colaboraron con Ernesto Zedillo, en una pragmática relación con el PRI como preludio de la llegada del PAN a la Presidencia de la República.
Con Salinas y Zedillo fue autor, como diputado y asesor presidencial, de modificaciones constitucionales, al Código Penal federal y a distintas leyes, que facilitaron la absolución judicial en algunos casos de “delitos de cuello blanco”.
Como parte de ese andamiaje legal participó en la elaboración de la Ley de Concursos Mercantiles, que en mayo de 2000 abrogó la Ley de Quiebras y de Suspensión de Pagos. Con ello, quedaron sin castigo las quiebras fraudulentas registradas hasta ese momento.
De acuerdo con información obtenida por Proceso, entre los beneficiarios de la nueva ley estuvieron la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) y su abogado Antonio Lozano Gracia, con quien Gómez Mont había colaborado en la Procuraduría General de la República (PGR) en los dos primeros años del gobierno de Zedillo.
La intermediación de Lozano Gracia para que una de las subsidiarias de AHMSA, Micare, pudiera vender carbón a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a pesar de encontrarse en suspensión de pagos, le redituó al exprocurador 5 millones 200 mil dólares. AHMSA se acogió a la suspensión de pagos meses antes de que entrara en vigor la nueva ley. El contrato de Micare con la CFE fue de unos 2 mil 400 millones de dólares (Proceso 1434).
Conocido entre los abogados por su frase “los honorarios son sagrados”, el litigante Gómez Mont, un hábil y duro negociador de 45 años, durante más de una década sacó provecho de sus vínculos con panistas y priistas que se convirtieron en abogados de miembros de las élites políticas y económicas involucrados en escándalos.
Al amparo del despacho de Fernández de Cevallos, surgieron firmas jurídicas satélites, como la de Lozano Gracia y Juan Miguel Alcántara Soria –actual subprocurador Jurídico e Internacional de la PGR– y la de Zinser, Esponda y Gómez Mont.
Clientela famosa
Junto con el bufete del exsenador priista Salvador Rocha Díaz, con quien Fernández de Cevallos negoció la década pasada el cogobierno en Guanajuato, esas consultorías jurídicas han asumido la defensa de personas acusadas de fraudes que han costado miles de millones de pesos al Estado mexicano. Rocha Díaz, incluso, es conocido entre los abogados, como el “dador” de asuntos.
Zinser, Esponda y Gómez Mont cuentan entre sus defendidos a los exbanqueros Carlos Cabal Peniche y Jorge Lankenau, ambos acusados de fraude por autopréstamos no pagados en los desaparecidos Banco Unión y Banca Confía, respectivamente, que acabaron en el Fobaproa.
El caso Cabal, a quien defendió en la demanda de extradición de México al gobierno de Australia, representó el despegue de su despacho.
El nuevo secretario de Gobernación también defendió a Tomás Peñaloza Webb, acusado de fraude al Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando fue su tesorero, así como a Gerardo de Prevoisin, exdirector de Aeroméxico, encarcelado por fraude en 1988 y acusado de transferir recursos al PRI. Así mismo, patrocinó inicialmente a Raúl Salinas de Gortari, acusado del asesinato de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu.
Otro de sus defendidos en materia de extradición fue al exdirector de Pemex, Rogelio Montemayor Seguy, acusado de triangular 500 millones de pesos de la paraestatal a la campaña presidencial del priista y ahora senador Francisco Labastida Ochoa, en el escándalo conocido como Pemexgate.
Más recientemente, asesoró a Javier Moreno Valle en su disputa con TV Azteca por el control del Canal 40, y a Germán Larrea, dueño del Grupo México, en su demanda contra el dirigente sindical Napoleón Gómez Urrutia, exiliado en Canadá.
Otra de sus defensas recientes fue la de Armando Medina Millet, procesado en el llamado “juicio del siglo” de Yucatán, por el asesinato de su esposa Flor Ileana Mafud. El caso lo perdió en la Suprema Corte en 2005.
Ahora, con la encomienda de echar a andar la reforma penal aprobada a principios de año, su excompañero de la Escuela Libre de Derecho (ELD), el presidente Felipe Calderón Hinojosa, designó a Gómez Mont sucesor de Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación muerto el martes 4 al desplomarse el avión en que viajaba.
El lunes 10, cuando Calderón anunció su designación, lo calificó de “modernizador” y “reformador”, así como “pieza clave en el proceso de transición democrática” a partir de la elección presidencial de 1988.
En la primera mitad del sexenio de Salinas, de 1988 a 1991, al tiempo que Fernández de Cevallos acercaba al PAN al salinismo con el propósito de contener el ascenso de la izquierda con Cuautémoc Cárdenas a la cabeza, Alcántara Soria era diputado federal del PAN y Gómez Mont encargado de representar al PAN en la creación del IFE y en la defensa del voto.
El poder como meta
El presidente del partido era Luis H. Álvarez; y sus operadores, Fernández de Cevallos y el ya fallecido Carlos Castillo Peraza, mentores, respectivamente, de Gómez Mont y de Felipe Calderón. Ambos, hijos de fundadores del PAN: Felipe Gomez Mont y Luis Calderón Vega.
El PAN justificó su actuación como la de una “oposición leal”. La estrategia resultó: en la primera mitad del sexenio de Salinas el PAN se había convertido en la segunda fuerza política del país.
En entrevista con la reportera Verónica Espinosa, Alfredo Ling Altamirano señala que en 1988, junto con Felipe Calderón y Gerardo de los Cobos, actual presidente del PAN en Guanajuato, Gómez Mont fue enviado por Luis H. Álvarez a reclamar el triunfo panista en la presidencia municipal de Celaya, la primera que ganó el partido en el estado.
De 1991 a 1994, el ahora secretario de Gobernación fue diputado de la LV Legislatura. Fernández de Cevallos era el coordinador de la bancada del PAN. Desde entonces se le conoce como El Jefe Diego. Por su cercanía con Salinas, negoció la presidencia de la Comisión de Justicia para Gómez Mont. Compañero de esa fracción parlamentaria fue Felipe Calderón.
Apenas iniciada la Legislatura, Fernández de Cevallos avaló, en diciembre de 1991, la quema de las boletas de la fraudulenta elección presidencial de 1988 por la que Salinas llegó a la Presidencia de la República.
De comienzos de los noventa viene otra de las relaciones que con el paso del tiempo fue productiva para las actividades litigantes del nuevo secretario: la que estableció con el exsenador priista Salvador Rocha Díaz, quien fue secretario de Gobierno y presidente de la Comisión Electoral de Guanajuato durante el gobierno interino de Carlos Medina Plascencia.
De las “reformas modernizadoras” de Gómez Mont, en la primera mitad de los noventa, da cuenta René González de la Vega, procurador General de la República y subprocurador general de Justicia del Distrito Federal durante el gobierno de Carlos Salinas:
“En 1993, cuando yo era subprocurador del DF, y él presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, durante el debate de la reforma constitucional logró que se reformara el artículo 116 de la Constitución y desapareciera el concepto de cuerpo de delito.
“En su lugar se estableció el de ‘atentado contra todos los elementos del tipo’, lo cual complicó la labor del Ministerio Público y del juez, pues no sólo les resultaba muy difícil comprobar el tipo penal, sino que se pervirtió la averiguación previa y se convirtió en un prejuicio con enormes expedientes que hacen inútil el juicio.”
En 1999, se tuvo que dar marcha atrás a esa reforma y se volvió al concepto del cuerpo de delito, pero el daño ya estaba hecho y hasta la fecha existe una práctica viciada y abusiva del Ministerio Público, añade el ahora profesor del Instituto Nacional de Ciencias Penales.
Reformas a modo
Asegura que si bien en la reforma del 93 se fijó en el artículo 16 de la Constitución que ningún indiciado debe ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, también abrió la puerta para que en el Código de Procedimientos Penales los delitos financieros fueran considerados como “no graves”; lo que años después permitió la exoneración de implicados en operaciones fraudulentas.
Gómez Montt prolongó su influencia al siguiente sexenio, también de la mano de Fernández de Cevallos, quien le propuso a Zedillo que lo designara al frente de la PGR. Dos obstáculos se lo impidieron: la edad y su relativamente tardía titulación como abogado de la Escuela Libre de Derecho (ELD).
Con sólo 31 años de edad, para cuando Zedillo asumió la presidencia en diciembre de 1994, no cumplía con el perfil establecido en el artículo 102 de la Constitución. El ordenamiento exige una edad mínima de 35 años para ser el abogado de la República. Pero también, una antigüedad mínima de 10 años con título profesional de licenciado en derecho.
De acuerdo con el catálogo de exalumnos de la ELD, donde le pusieron el mote de El Feo, presentó su examen profesional el 28 de noviembre de 1986 con la tesis “El principio Nemo Auditur Turpitudinem Propian Allegans ante las excluyentes de la responsabilidad penal”. Ese mismo año se titularon sus compañeros Felipe Calderón y Javier Lozano Alarcón, actual secretario del Trabajo.
En 1989, Gómez Mont se integró al despacho fundado por Fernández de Cevallos, aunque la relación profesional y política entre ambos es mucho más antigua, pues el exsenador y excandidato presidencial del PAN que compitió con Zedillo, trabajó en el despacho de Felipe Gómez Mont, padre del ahora secretario de Gobernación.
En 1995, al tiempo que fungía como asesor de Lozano Gracia en la PGR y de Zedillo en la Presidencia de la República, Fernando Gómez Mont se asoció con su compañero de generación Julio Esponda Ugartechea y Alberto Zínser Cieslik.
Como asesor de Lozano Gracia conoció de las investigaciones de los asesinatos del cardenal Jesús Posadas Ocampo, del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio y del presidente del PRI, José Francisco Ruiz Massieu, ocurridos al final del sexenio de Salinas.
En el gobierno de Zedillo también conoció de la persecución de Zedillo contra Raúl Salinas, a quien Lozano Gracia lo responsabilizó de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, su excuñado. Después de 10 años de cárcel, Raúl Salinas fue exonerado en 2005. l

Corrupción en Pemex y CFE costó 11 mil mdp en 2006; Calderón blinda al sector

DANIEL LIZáRRAGA

México, D.F., 13 de febrero (apro).- El gobierno de Felipe Calderón anunció un blindaje contra la corrupción en el sector energético –el segundo luego de la presidencia de Vicente Fox--, en el que hay una sola novedad: la creación “comités de auditoría”.

De acuerdo con las medidas anunciadas ayer por el secretario de la Función Pública, Germán Martínez, el resto de los puntos incluidos en el programa Rendición de Cuentas y Transparencia abarca obligaciones y procedimientos --ya previstos por ley-- en la supervisión de los recursos públicos.

En el salón Adolfo López Mateos de la residencia oficial de Los Pinos, Germán Martínez reveló que en el 2006 se dejaron de invertir 11 mil millones de pesos en el sector energético, producto de juicios de inconformidad tramitados por empresarios inconformes con la manera en que se manejaron las licitaciones públicas de Pemex y CFE, tanto nacionales como internacionales.

“Durante los primeros dos meses del 2007, se han presentado 11 inconformidades cuyo valor agregado supera los 150 millones de pesos”, comentó Martínez.

Esta es la primera vez que un secretario de Estado revela al menos una parte del costo que han tenido para el país las protestas de los industriales por la forma en que se manejan las obras y compras dentro del gobierno. Sin embargo, representa también una información parcial, ya que el titular de la SFP habló sólo del 2006 y lo que va de 2007.

En este blindaje, el gobierno calderonista aplicará una “ampliación de la cobertura y el impacto de la fiscalización al sector, con un enfoque que privilegie la prevención sin renunciar a ejercer la atribución sancionatoria frente a la conducta corrupta”.

No obstante, Martínez no explicó hasta dónde llegará esta ampliación de cobertura y el impacto fiscalizador.

Como segunda medida, propusieron revisar la regulación administrativa y los procesos internos en la entrega de obras públicas, adquisiciones y arrendamientos. Esta medida, por ejemplo, es una de las obligaciones de la SFP. Incluso, en la administración pasada, el entonces contralor Francisco Barrio tuvo un subsecretario especialmente dedicado a ello.

“Y el tercero: fortalecer la función y aumentar la eficacia de los órganos internos de control”. Como en los puntos anteriores, no hubo mayor explicación.

Otro de sus objetivos, por ejemplo, es dirigir la “fuerza auditora” a temas como la extracción ilegal de combustible. Este rubro tampoco es novedoso. El excontralor Francisco Barrio abrió varios expedientes sobre la materia.

No obstante, Calderón asumió el acto como una novedad al ciento por ciento y, en un acto inédito, presentó a los contralores del sector energético, asunto que tradicionalmente fue manejado por medio de comunicados de prensa.

“Si queremos competir y ganar en un mundo que nos compite, necesitamos un sector energético que genere los insumos adecuados para impulsar el aparato productivo mejorar la vida de los consumidores”, enfatizó.

“Y para ello, es fundamental que los mexicanos contemos con energéticos de calidad y a precios competitivos”, agregó.

CFE: el cártel de la electricidad

ROSALíA VERGARA

Para justificar la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el gobierno federal ha presentado a la Comisión Federal de Electricidad como paradigma de eficiencia y rentabilidad. Lo que nunca mencionó es la corrupción que ahoga a la paraestatal y encarece el servicio en todo el país, y que se disparó desde 2003, cuando Felipe Calderón era el secretario de Energía de Vicente Fox.

Al decretar el 11 de octubre la liquidación de Luz y Fuerza del Centro, el presidente Felipe Calderón comparó a esa empresa pública descentralizada con la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En su balance, ésta es más eficiente y rentable. Desde ese momento, la paraestatal dirigida por Alfredo Elías Ayub opera el servicio en el Distrito Federal, Estado de México, Morelos, Puebla e Hidalgo.

Sin embargo, un análisis en torno a las prácticas internas de CFE lo desmiente: ahí "se hacen negocios sin escrúpulos, inflando costos; compra de equipo obsoleto; pagando obras inexistentes; incurriendo en fraudes en perjuicio del patrimonio de las entidades; pagando dos y hasta cinco veces la misma obra", entre otras muchas irregularidades.

La corrupción en la paraestatal que ahora controla el servicio eléctrico en todo el país fue exhibida en un estudio presentado el 30 de julio pasado por la asociación civil "Energía y Desarrollo" –que ahora se denomina Energía y Rendición de Cuentas A.C.–, dirigida por Cuauhtémoc Velasco Oliva, del partido Convergencia, entonces secretario de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados.

El documento titulado La Corrupción en la Comisión Federal de Electricidad eleva las tarifas eléctricas muestra "la dimensión del saqueo patrimonial de CFE" y denuncia la existencia de un "cártel de la electricidad" en la paraestatal, al que responsabiliza de extorsiones para otorgar licitaciones, la rescisión de contratos a pequeñas empresas, la adjudicación de obras a empresas inexistentes y la elaboración de documentos apócrifos para justificar gastos, bajo la protección –dice– del director Alfredo Elías Ayub.

También incluye copias de licitaciones públicas realizadas entre 2008 y 2009, comunicados de prensa de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y copias de los "fallos de obras públicas" que concluyeron este año en Compranet y que demuestran cómo desde 2003, cuando el ahora presidente Felipe Calderón Hinojosa era secretario de Energía, CFE benefició a las empresas Iberdrola, Siemens y Unión Fenosa con millonarios contratos para la compra de gas y de energía eléctrica.

Este es un extracto del reportaje que se publica en la edición 1721 de la revista Proceso que empezó a circular el domingo 25 de octubre.