El escueto documento de tres puntos firmado en la Secretaría de Gobernación (SG) en el que se reconoce la representación del SME y se acuerda la instalación de una mesa de diálogo de alto nivel, para revisar y concretar alternativas de solución al conflicto electricista, fue torpedeado al día siguiente por las atropelladas declaraciones de Lozano. Sería tal vez porque al llegar tarde a la cita que se inició a las 6:30 pm se vio impedido de enterarse, de primera mano, de la larga plática que durante 2 horas y 40 minutos sostuvieron el secretario general del SME, Martín Esparza Flores, y el nuevo secretario de Gobernación, José Francisco Blake Mora. Horas después y superado su enojo, pudo participar en la redacción del acuerdo entre la SG y el SME y, a regañadientes, tuvo que aceptar en su texto el reconocimiento de la representación sindical. En realidad dicha aceptación trastocó uno de los fundamentos de la estrategia gubernamental para golpear al SME, dejarlo sin representación al negarle la toma de nota.
Lo cierto es que el SME, como es público y notorio, llevó a Gobernación propuestas muy específicas y razonadas. Sin embargo, a las 4 de la tarde del 23 de julio, en entrevista radiofónica, Lozano rompió un silencio de varios días, señalando: En ningún momento se habló de la posibilidad, es más, quedó fuera de la discusión el tema de una eventual contratación colectiva, o de la creación de una empresa, o de la figura de la sustitución patronal en la Comisión Federal de Electricidad
. En la misma línea de sabotear la vía del diálogo y negociación, horas antes de la reunión en la SG, el subsecretario Roberto Gil Zuarth se lamentó de las propuestas del SME. A nadie extraña que este dúo dinámico bloquee las alternativas de solución. Fracasada la estrategia de doblar al SME y perdida la batalla por alcanzar la Secretaría de Gobernación, ambos personajes saben que la solución al conflicto cuestiona inevitablemente su permanencia en el gabinete.
Las propuestas del SME tienen fundamento y razón, incluso en la lógica de la extinción de LFC. La región central del país no puede quedar al garete de las empresas contratistas de la CFE que, al margen de la Constitución y la ley, han demostrado su completa incapacidad técnica, operativa, administrativa, etcétera, para dar mantenimiento y atender fallas, interrupciones y disturbios que crecen, día a día, en la zona. La continuidad en la prestación del servicio público de energía eléctrica es una imperiosa necesidad derivada de la observancia y aplicación del párrafo sexto del artículo 27 constitucional. Sea la CFE o bien algún otro organismo público, en los términos de la propia Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica (LSPEE) y de su artículo 4 transitorio, que no ha sido modificado, la exclusividad de la Nación en la prestación del servicio público continúa siendo una potestad constitucional.
Las autoridades no pueden negar la figura de patrón sustituto, mediante artilugios legaloides, pues sea el SAE, la CFE, la Secretaría de Energía, la de Hacienda y las otras secretarías que firmaron el decreto de extinción, juntas o por separado, el Estado es el único patrón. Así ha sido desde 1960 en que se nacionalizó la industria eléctrica y en octubre de ese año se elevó a rango constitucional. En aquel entonces el Estado mexicano se constituyó en patrón sustituto mayoritario. En agosto de 1963, al mexicanizarse la Mexlight y crearse la Compañía de Luz y Fuerza del Centro SA operó la figura de patrón sustituto, pese a que continuó existiendo la vieja empresa canadiense The Mexican Light and Power Limited. En 1989, al modificarse el artículo 4 transitorio de la LSPEE se plasmó también la figura de patrón sustituto y en febrero de 1994 al crearse el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro, una vez liquidada la Mexlight en noviembre de 1992, se aplicó también la figura de sustitución patronal.
Lozano es un estorbo para el diálogo y la negociación en un cargo público cuya principal función es ésa. Lo mismo en el caso de Pasta de Conchos, cuyas viudas y familiares siguen reclamando justicia desde aquel trágico 19 de febrero de 2006, que en las huelgas mineras de Taxco, Sombrerete y Cananea próximas a cumplir tres años de heroica resistencia el 30 de julio. Su deambular en la STPS ha sido en menoscabo de los derechos laborales y en protección de la impunidad patronal. Aquel que odia a la clase trabajadora no puede sentarse con ella en la mesa. Lo veremos en los próximos días.
